Skanska tiene decidido irse del país y ya empezó a deshacerse de su personal. La empresa constructora, eje del primer paradigma de la corrupción en el kirchnerismo, ya echó a más de la mitad de sus empleados y planea terminar de despedir a la totalidad con los despidos en diciembre.

Según pudo saber LPO, la compañía sueca sólo se quedó con medio piso de un edificio del microcentro sobre la calle Reconquista al 100, cuando antes había llegado a tener tres: el segundo, noveno y décimo, lo que acaso demuestra el feroz recorte que vino aplicando durante el año.

El demantelamiento es tal que Skanska habría echado hasta a los trabajadores encargados de seguridad.

Una fuente del mundo empresarial contó a este medio que el grupo sueco ya está cumpliendo con el pago de indemnizaciones-algunas de ellas muy jugosas-, pero aún así hay algunos casos preocupantes, como el de una empleada embarazada de cinco meses.

LPO se comunicó con personal de Skanska para ahondar en los detalles, pero no brindaron mayores precisiones.

Esta decisión se da en el marco de la compañía de desprenderse de todos sus activos en Latinoamérica y enfocarse en los negocios de Europa y Estados Unidos, tal como anunció a principios de noviembre.

"Nos centramos en nuestros negocios de Europa y Estados Unidos. Los negocios de administración y operaciones en América Latina son muy periféricos", dijo el presidente ejecutivo Johan Karlstrom hace unas semanas.

"Aunque sea un negocio bueno y rentable, es demasiado pequeño para tenerlo en esa parte del mundo. Iniciaremos el proceso de venta el año próximo", declaró, en una nota publicada por la agencia Reuters.

En el segundo trimestre, la compañía apartó 500 millones de coronas en amortizaciones y costos de reestructuraciones en la región, al decir que se desprendería de su negocio de ingeniería y construcción para centrarse en las operaciones de mantenimiento.

El “caso Skanska” salió a la luz en los primeros años del mandato de Néstor Kirchner por supuestos sobreprecios en gasoductos que iban a realizarse al norte y al sur del país.

En esa causa quedaron procesados el ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron; el ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro; el ex titular de Nación Fideicomiso Néstor Ulloa y varios ejecutivos por el presunto pago de sobreprecios y coimas para la ampliación de esas obras.

Finalmente, en 2011 los ex funcionarios fueron sobreseídos por la Cámara Federal porteña y el caso se dio por cerrado.